ANTE LA APROBACION HOY POR EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA REFORMA DE LA LEY
Los juristas denuncian en un Manifiesto que la nueva ley del aborto se sitúa al margen de la razón y elude toda evidencia científica sobre la vida humana
Meses después de que se publicara la “Declaración de Madrid” sobre el origen de la vida y en contra del aborto, suscrita por decenas de miles de personas, académicos, médicos y biólogos, ayer se dio a conocer otro manifiesto firmado por un destacado grupo de juristas en el que se recogen argumentos de gran peso legal y jurídico contra la llamada «ley Aído», que permitirá el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación y que será aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Dentro de unos días se espera la publicación de otro Manifiesto elaborado por “Comunión y Liberación” y que hace hincapié en el derecho a vivir y el drama de la soledad que padecen muchas mujeres.
El manifiesto supone una aportación decisiva de la sociedad civil a un debate que el Gobierno rehuye y está firmado por el magistrado José Luis Requero, el profesor de Derecho Constitucional Carlos Vidal, y los abogados Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán e Íñigo Urien, además del comité de expertos de la asociación Derecho a vivir.En el acto de presentación del Manifiesto, que lleva por titulo 'Juristas ante la reforma de la ley del aborto', los firmantes subrayaron que la norma "banaliza la vida humana hasta el extremo" y exigieron al Ejecutivo que retire el texto y reconsidere su postura con el establecimiento de un debate "sincero". De lo contrario, advirtieron de que "generará más dolor y más violencia contra la mujer"."Esta ley se sitúa al margen de la razón y elude toda evidencia científica sobre la vida humana", aseguró el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay. Así, criticó que el Gobierno "manipula el lenguaje" a través de un proyecto que "no ha sido socialmente reclamado" y recordó que el Tribunal Constitucional afirma en su jurisprudencia que "la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y que finaliza con la muerte".En este sentido, el manifiesto recalca que la práctica del aborto basada en una decisión exclusiva del gestante "contradice la doctrina de la Constitución, que sostiene que los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del gestante". Para Urcelay, esto "contradice el ordenamiento constitucional y deja al margen del debate los derechos del no-nacido".Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, denunció que la petición de las clínicas abortistas de prohibir las concentraciones de las organizaciones provida ante sus centros "constituye una muestra más del totalitarismo reinante". Asimismo, destacó que el lema feminista 'nosotras parimos, nosotras decidimos' "ha quedado desfasado" y que ya "no tiene sentido".Entre los puntos principales que recoge el texto presentado afirma que el proyecto de ley "puede poner en cuestión los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios". En esta línea, los ponentes acusaron al Ejecutivo de no tener en cuenta al sector sanitario ni al científico y remarcaron "la exigencia constitucional de respetar la objeción de conciencia de estos profesionales ante cualquier tipo de aborto".Fuera de la ley: El texto se divide en diez puntos y se basa, fundamentalmente, en dos pilares: el anteproyecto que se aprobará hoy por el Gobierno es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional y, además, no es una demanda social.Fraude de ley: De acuerdo con el manifiesto, «el proyecto de reforma que está sobre la mesa pretende legalizar buena parte de las prácticas que, en fraude de ley, realiza la poderosa industria abortista en España.Contra la Constitución: cuatro de los puntos del texto de los juristas se refieren a la doctrina del Constitucional. Recuerdan que en su sentencia de 1985 el TC afirma que «la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y finaliza con la muerte»; señala que una ley de plazos ignora que el Alto Tribunal afirma que «la vida del nasciturus encarna un valor fundamental». Además, indica que del artículo 15 de la Constitución se deriva «el deber del Estado de proteger la vida del no nacido». Por último, el manifiesto recuerda que, según el Constitucional, «los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien».Órganos consultivos: Los juristas recuerdan que el anteproyecto ha sido «censurado» por el Consejo Fiscal y que al Consejo General del Poder Judicial le ha resultado «imposible» emitir el preceptivo informe, «muestra que, al margen de ideologías y creencias, existen profundas discrepancias jurídicas sobre este proyecto».Derechos inexistentes: El manifiesto asegura que «los promotores de la reforma no han podido rebatir muchas de las evidencias planteadas en el debate científico, jurídico y social». En su lugar, han imputado a los opositores al proyecto «espurias motivaciones ideológicas o religiosas» o han pretendido «generar derechos ficticios, como el derecho al aborto».Los juristas aseguran igualmente que la legislación española «necesita una urgente reforma en la dirección opuesta (...) encaminada a proteger la vida del niño engendrado y no nacido y proteger la dignidad de las mujeres».Objeción de los sanitarios Los firmantes también recuerdan «la exigencia constitucional de respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios». A su juicio, el anteproyecto supone «una indudable agresión a los derechos fundamentales de los profesionales».Retirada del proyecto: El manifiesto concluye con la exigencia de la retirada «de un proyecto que no es socialmente reclamado, no ha sido objeto de ningún debate digno de tal nombre, se hace al margen de los verdaderos derechos de la mujer y es contrario a la doctrina del Constitucional».Derecho a Vivir pide un "cara a cara" entelevisión con Zapatero sobre el abortoLa asociación cívica “Derecho a Vivir” ha pedido al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un debate en TVE para hablar sobre el proyecto de ley de reforma del aborto que hopy será aprobado por el Gobierno y al que ha tachado de "inconstitucional". En rueda de prensa, la médica y portavoz de la asociación Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha informado de que Moncloa le ha enviado un acuse de recibo de su solicitud de encuentro entre Zapatero y ella misma, propuesto para el próximo 15 de octubre. A su juicio, el aún tiene tiempo de "rectificar" y ha reclamado al jefe del Ejecutivo que escuche a "dirigentes de su propio partido", contrarios a esta iniciativa.
El manifiesto supone una aportación decisiva de la sociedad civil a un debate que el Gobierno rehuye y está firmado por el magistrado José Luis Requero, el profesor de Derecho Constitucional Carlos Vidal, y los abogados Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, José Luis Bazán e Íñigo Urien, además del comité de expertos de la asociación Derecho a vivir.En el acto de presentación del Manifiesto, que lleva por titulo 'Juristas ante la reforma de la ley del aborto', los firmantes subrayaron que la norma "banaliza la vida humana hasta el extremo" y exigieron al Ejecutivo que retire el texto y reconsidere su postura con el establecimiento de un debate "sincero". De lo contrario, advirtieron de que "generará más dolor y más violencia contra la mujer"."Esta ley se sitúa al margen de la razón y elude toda evidencia científica sobre la vida humana", aseguró el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay. Así, criticó que el Gobierno "manipula el lenguaje" a través de un proyecto que "no ha sido socialmente reclamado" y recordó que el Tribunal Constitucional afirma en su jurisprudencia que "la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y que finaliza con la muerte".En este sentido, el manifiesto recalca que la práctica del aborto basada en una decisión exclusiva del gestante "contradice la doctrina de la Constitución, que sostiene que los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del gestante". Para Urcelay, esto "contradice el ordenamiento constitucional y deja al margen del debate los derechos del no-nacido".Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, denunció que la petición de las clínicas abortistas de prohibir las concentraciones de las organizaciones provida ante sus centros "constituye una muestra más del totalitarismo reinante". Asimismo, destacó que el lema feminista 'nosotras parimos, nosotras decidimos' "ha quedado desfasado" y que ya "no tiene sentido".Entre los puntos principales que recoge el texto presentado afirma que el proyecto de ley "puede poner en cuestión los derechos fundamentales de los profesionales sanitarios". En esta línea, los ponentes acusaron al Ejecutivo de no tener en cuenta al sector sanitario ni al científico y remarcaron "la exigencia constitucional de respetar la objeción de conciencia de estos profesionales ante cualquier tipo de aborto".Fuera de la ley: El texto se divide en diez puntos y se basa, fundamentalmente, en dos pilares: el anteproyecto que se aprobará hoy por el Gobierno es contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional y, además, no es una demanda social.Fraude de ley: De acuerdo con el manifiesto, «el proyecto de reforma que está sobre la mesa pretende legalizar buena parte de las prácticas que, en fraude de ley, realiza la poderosa industria abortista en España.Contra la Constitución: cuatro de los puntos del texto de los juristas se refieren a la doctrina del Constitucional. Recuerdan que en su sentencia de 1985 el TC afirma que «la vida humana es un devenir que comienza con la gestación y finaliza con la muerte»; señala que una ley de plazos ignora que el Alto Tribunal afirma que «la vida del nasciturus encarna un valor fundamental». Además, indica que del artículo 15 de la Constitución se deriva «el deber del Estado de proteger la vida del no nacido». Por último, el manifiesto recuerda que, según el Constitucional, «los derechos de la mujer no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus, dado que dicha prevalencia supone la desaparición, en todo caso, de un bien».Órganos consultivos: Los juristas recuerdan que el anteproyecto ha sido «censurado» por el Consejo Fiscal y que al Consejo General del Poder Judicial le ha resultado «imposible» emitir el preceptivo informe, «muestra que, al margen de ideologías y creencias, existen profundas discrepancias jurídicas sobre este proyecto».Derechos inexistentes: El manifiesto asegura que «los promotores de la reforma no han podido rebatir muchas de las evidencias planteadas en el debate científico, jurídico y social». En su lugar, han imputado a los opositores al proyecto «espurias motivaciones ideológicas o religiosas» o han pretendido «generar derechos ficticios, como el derecho al aborto».Los juristas aseguran igualmente que la legislación española «necesita una urgente reforma en la dirección opuesta (...) encaminada a proteger la vida del niño engendrado y no nacido y proteger la dignidad de las mujeres».Objeción de los sanitarios Los firmantes también recuerdan «la exigencia constitucional de respetar el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios». A su juicio, el anteproyecto supone «una indudable agresión a los derechos fundamentales de los profesionales».Retirada del proyecto: El manifiesto concluye con la exigencia de la retirada «de un proyecto que no es socialmente reclamado, no ha sido objeto de ningún debate digno de tal nombre, se hace al margen de los verdaderos derechos de la mujer y es contrario a la doctrina del Constitucional».Derecho a Vivir pide un "cara a cara" entelevisión con Zapatero sobre el abortoLa asociación cívica “Derecho a Vivir” ha pedido al jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un debate en TVE para hablar sobre el proyecto de ley de reforma del aborto que hopy será aprobado por el Gobierno y al que ha tachado de "inconstitucional". En rueda de prensa, la médica y portavoz de la asociación Derecho a Vivir, Gádor Joya, ha informado de que Moncloa le ha enviado un acuse de recibo de su solicitud de encuentro entre Zapatero y ella misma, propuesto para el próximo 15 de octubre. A su juicio, el aún tiene tiempo de "rectificar" y ha reclamado al jefe del Ejecutivo que escuche a "dirigentes de su propio partido", contrarios a esta iniciativa.
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